La grave crisis generada por el fentanilo contaminado escaló hasta el Congreso de la Nación, donde la diputada nacional Silvana Giudici, junto a sus colegas del PRO, presentaron un proyecto para conformar una Comisión Especial Investigadora. El objetivo es determinar las causas y responsabilidades en la comercialización y uso de este opioide sintético, vinculado a al menos 34 muertes confirmadas. La iniciativa, promovida por Giudici y firmada por otros diputados del PRO, pone especial atención en el lote 31202 de fentanilo elaborado y distribuido por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, que habría sido utilizado en hospitales públicos y privados en varias provincias, incluyendo Buenos Aires y Santa Fe. Entre los puntos centrales del proyecto está investigar la cadena completa de producción y comercialización, además de deslindar las responsabilidades políticas de funcionarios y exfuncionarios involucrados en la provisión y control de estos insumos médicos. La diputada Giudici subrayó la importancia de aclarar la posible intervención de organismos de control y la trazabilidad de los productos farmacéuticos para evitar que situaciones similares se repitan. “Los laboratorios Ramallo y HLB Pharma intentaron burlar a todos los argentinos durante la pandemia, y ahora este escándalo se cobra 34 vidas. Es fundamental que esta Comisión investigue a fondo”, aseguró la legisladora. Además, el proyecto remarca la existencia de vínculos políticos entre los dueños de los laboratorios y funcionarios, especialmente en la zona oeste del Conurbano bonaerense, señalando incluso coincidencias societarias con allegados al kirchnerismo, un dato que vuelve aún más necesaria la transparencia en la investigación. La Justicia Federal, a cargo del fiscal platense Ernesto Kreplak, ya investiga el caso, pero desde el PRO sostienen que la intervención parlamentaria es vital para garantizar un control exhaustivo y sin presiones.  NORTE HOY Opinión pública: La creación de esta comisión es un paso necesario para restaurar la confianza ciudadana en el sistema sanitario y político, ya que el impacto social por la pérdida de vidas y el presunto entramado de corrupción exigen respuestas claras y sin ambigüedades.