NORTE HOY (www.nortehoy.com) El aumento sistemático de las tasas municipales en Ramallo generó un escenario sin precedentes: cientos de medidas cautelares, acciones judiciales de empresas y productores, y conflictos que ya no se resuelven en el Concejo Deliberante, sino en los tribunales. La administración del intendente Mauro Poletti enfrenta así un desafío que combina descontento ciudadano, críticas de sectores productivos y cuestionamientos políticos, en paralelo con la prestación insuficiente de servicios esenciales. El efecto dominó de los aumentos: grandes contribuyentes en los tribunales Desde el inicio de su segundo mandato, Mauro Poletti implementó fuertes incrementos en las tasas municipales con el argumento de trasladar la carga impositiva a quienes “más tienen”, buscando aliviar al vecino común. Sin embargo, el efecto fue inmediato: empresas como Ternium recurrieron a la Justicia ante aumentos de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) que superaron el 140% interanual, generando depósitos judiciales y afectando directamente la recaudación municipal. Nuevas tasas y la judicialización del Código Tributario La sanción de un nuevo Código Tributario introdujo no solo aumentos generalizados, sino también tasas inéditas, como la Tasa de Mantenimiento Vial del 2% sobre los combustibles. La oposición y sectores productivos cuestionan su constitucionalidad, advirtiendo que el gravamen impacta en el precio del combustible sin una contraprestación clara, mientras vecinos y empresas evalúan acciones legales para frenar estos incrementos. Impacto en la producción y servicios locales El reciente aumento general del 50% en las tasas superó ampliamente la inflación anual, desatando protestas de entidades agropecuarias que denuncian la falta de mejoras en caminos rurales y servicios esenciales. La crisis financiera municipal se refleja además en deudas millonarias con proveedores, falencias en la atención hospitalaria y dificultades en servicios básicos, mientras el Ejecutivo analiza la venta de tierras para cubrir gastos corrientes, sumando más tensión al escenario político y social. En este contexto, la Justicia se convirtió en la vía principal para resolver disputas que antes se canalizaban por la vía política. La proliferación de cautelares y la judicialización de la política tributaria no solo cuestionan la gobernabilidad local, sino que generan incertidumbre entre contribuyentes y productores, dejando a Ramallo en un estado de tensión sostenida. Opinión pública: Ciudadanos y productores coinciden en que la falta de servicios adecuados frente a aumentos desmedidos genera un descontento creciente, mientras la judicialización parece ser la única vía de reclamo efectiva. NORTE HOY (www.nortehoy.com)
