NORTE HOY. El Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó por unanimidad la adhesión del municipio al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), en el marco de la Ley Provincial 13.074. La medida busca reforzar el cumplimiento de la cuota alimentaria y sumar herramientas para visibilizar a quienes incumplen con esta obligación. La iniciativa, que contó con modificaciones respecto del proyecto original, implica que el municipio se incorpore formalmente al sistema provincial que registra a las personas que no cumplen con el pago de alimentos. Según se explicó durante el tratamiento, la inclusión en el listado no depende del Ejecutivo local, sino de una orden judicial. La concejala Vanesa Vargas detalló que la adhesión permite articular con el registro bonaerense ya existente. El proyecto había sido impulsado inicialmente por la exconcejala María Eugenia Barba, pero su tratamiento quedó demorado tras cambios legislativos y fue reactivado recientemente en comisión. Durante el debate se resolvió eliminar del texto original la posibilidad de aplicar sanciones municipales propias. De este modo, la ordenanza se limita a adherir al esquema provincial vigente, sin incorporar penalidades adicionales a nivel local. Cómo funciona el registro El RDAM se nutre de decisiones judiciales en causas por alimentos. Allí se inscribe a quienes incumplen con el pago de la cuota, ya sea por sentencia firme o por convenios homologados. La inscripción puede concretarse incluso desde el primer incumplimiento, tanto en casos de alimentos provisorios como definitivos. El deber alimentario comprende mucho más que el dinero mensual: incluye manutención, educación, salud, vivienda, vestimenta, recreación y formación. Es una obligación legal que recae sobre ambos progenitores, independientemente de la convivencia con los hijos. En este sentido, el incumplimiento no solo genera consecuencias económicas, sino que también es considerado una forma de violencia económica en el marco de la Ley Nacional 26.485. Restricciones para deudores Las personas incluidas en el registro enfrentan una serie de limitaciones administrativas. Entre ellas, no podrán abrir cuentas corrientes ni acceder a tarjetas de crédito sin presentar el certificado de libre deuda. Tampoco podrán habilitar comercios, participar en licitaciones o acceder a concesiones públicas. Además, el certificado será requisito para postularse a cargos electivos, inscribirse como aspirante a guarda con fines adoptivos y realizar diversos trámites oficiales. En el caso de la licencia de conducir, podrá otorgarse una renovación provisoria por 60 días, plazo en el cual deberá regularizarse la situación. La consulta sobre la inclusión en el registro es digital y puede realizarse mediante plataformas oficiales con validación de identidad. El sistema emite un certificado firmado digitalmente que puede descargarse en formato PDF. Un problema extendido Según datos oficiales actualizados a diciembre de 2025, en la provincia de Buenos Aires hay más de 6.100 personas registradas como deudoras alimentarias. La gran mayoría son varones, lo que refleja una problemática estructural vinculada al sostenimiento económico de los hogares. NORTE HOY
