Redacción del Diario NORTE HOY Una decisión judicial puso en el centro de la escena a dos de los principales funcionarios del gobierno local de San Nicolás. La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulgheri, intimó al intendente Cecilio Salazar y al presidente del Concejo Deliberante, Pablo Vlaeminck, a brindar explicaciones por su negativa a responder un pedido de acceso a la información pública relacionado con el arbolado urbano de la ciudad. El origen del conflicto se remonta al 15 de abril, cuando la abogada Karina Cecilia Rivet ingresó una nota formal respaldada por más de 200 vecinos, solicitando detalles sobre el plan de forestación y mantenimiento del arbolado público. La petición se amparó en la legislación nacional vigente —especialmente en las Leyes 25.675 (Ley General del Ambiente) y 25.831 (Acceso a la Información Ambiental)— que obligan al Estado a responder este tipo de requerimientos en un plazo no mayor a 30 días hábiles. No obstante, transcurrido ese lapso sin recibir ningún tipo de respuesta por parte del Municipio ni del Concejo Deliberante, Rivet decidió presentar un recurso de amparo por mora. La acción fue acompañada por la técnica ambientalista María Andrea Ortiz, quien brindó asistencia profesional en la causa. Según se desprende del expediente, la jueza Fulgheri hizo lugar al reclamo e intimó formalmente tanto al Ejecutivo como al Legislativo local a que informen las razones de su silencio administrativo, considerando que la omisión constituye una vulneración concreta al derecho ciudadano de acceso a la información pública ambiental. “No puede haber restricciones ni excusas administrativas para impedir el conocimiento de cuestiones que afectan directamente a la salud ambiental de la comunidad”, sostuvo Rivet en la presentación judicial, destacando que su investigación tiene como objetivo principal contribuir al cuidado del entorno urbano y natural. Desde el entorno de los demandantes manifestaron su decepción por haber tenido que recurrir a la Justicia para obtener una respuesta que debería haberse dado por vía institucional. “La falta de respuesta no solo es una falta de respeto a los ciudadanos, sino también una práctica que erosiona la transparencia gubernamental”, expresaron. La causa sigue su curso en el ámbito del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, mientras se espera una respuesta formal de los funcionarios intimados. Este caso vuelve a poner en debate el nivel de compromiso de los gobiernos locales con la transparencia ambiental y con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Desde NORTE HOY seguiremos de cerca el avance de esta causa que, lejos de ser un hecho aislado, revela un patrón preocupante en la relación entre poder político y comunidad. NORTE HOY Opinión pública El acceso a la información ambiental no es una gentileza que el Estado puede conceder o negar arbitrariamente. Es un derecho consagrado por la ley y, en contextos como el actual, donde el cambio climático y el deterioro urbano avanzan, su cumplimiento debe ser irrestricto. La resistencia de las autoridades locales a responder un pedido ciudadano —avalado por más de 200 firmas— no solo resulta preocupante, sino que sienta un precedente peligroso. La ciudadanía demanda gobiernos abiertos, responsables y accesibles. Y la Justicia, en este caso, actúa como garante de ese derecho fundamental. NORTE HOY