El episodio comenzó en abril, cuando un camionero denunció que había sido víctima de un robo en la provincia de Entre Ríos. Según su testimonio, 21 urnas electrónicas de la empresa Magic Software Argentina (MSA), con destino a la ciudad de Buenos Aires para ser utilizadas en elecciones porteñas, desaparecieron en un tramo de la ruta conocido como Empalme 12. La historia tomó un rumbo inesperado cuando, semanas más tarde, Damián Gómez, un productor rural que circulaba por un camino entre los parajes Tablas y El Espinillo, encontró abandonados los dispositivos. Sorprendido por el hallazgo, decidió trasladarlos y dar aviso a la redacción del diario La Opinión, donde quedaron bajo resguardo y a disposición judicial. Este lunes, una comisión policial del Departamento Islas del Ibicuy, encabezada por el oficial principal José Luis Suárez y la comisaria Paola Vela, se presentó en el medio con una orden judicial de allanamiento para retirar los elementos y proceder a su traslado a la provincia de Entre Ríos. La medida fue dispuesta por la jueza Natalia Céspedes, a pedido del fiscal Gastón Popelka, quien interviene en la causa. La escena fue llamativa: las urnas estaban a la vista en la sala principal del medio periodístico, listas para ser entregadas. Los efectivos labraron el acta de rigor y colocaron los equipos en la caja del móvil policial, donde quedaron bajo custodia oficial. Desde el viernes previo, la empresa Magic Software Argentina había aportado los registros para identificar los dispositivos robados, a fin de confirmar su correspondencia con los hallados por Gómez. Todo indica que son los mismos que el camionero Miguel Ángel González denunció como sustraídos el pasado 15 de abril. La reconstrucción del trayecto de las urnas permitió determinar que, tras el robo, fueron descartadas cerca de un arroyo en la zona del parador Las Bahamas, sobre la Ruta 9. Desde allí, un trabajador rural las habría trasladado hasta el callejón donde Gómez las descubrió. Su decisión de alertar a la prensa local y ponerlas bajo resguardo fue clave para garantizar el cumplimiento del debido proceso judicial. La historia expone una preocupante fragilidad en la cadena de custodia del sistema de votación electrónica. Las urnas involucradas pertenecen al sistema Vot.Ar, utilizado tanto en CABA como en Salta, y representan una parte sensible de la infraestructura democrática del país. En este marco, desde NORTE HOY seguimos con atención el avance de esta causa, que plantea interrogantes serios sobre la seguridad del material electoral y los protocolos de traslado en contextos electorales. El juicio por Naiara también comienza en agosto Por otro lado, la Justicia confirmó que los días martes 12 y miércoles 13 de agosto se llevará adelante el juicio contra Francisco Vlaeminck y Daiana Franco, a dos años del asesinato de la joven Naiara. La defensa de los acusados anticipó que optará por un juicio técnico ante el Tribunal, en lugar de someterse a un jurado ciudadano. Familiares, allegados y amigos de la víctima ya confirmaron su presencia en la sala de audiencias. El caso generó una profunda conmoción social en su momento y se espera una amplia cobertura por parte de los medios. Desde NORTE HOY estaremos presentes en ambas jornadas para dar cuenta de cada detalle del proceso judicial. Una reflexión necesaria La aparición de urnas electrónicas en un camino rural no puede ser tomada a la ligera. Se trata de un hecho grave que deja al descubierto debilidades estructurales en un sistema electoral que demanda máxima transparencia y trazabilidad. Que el hallazgo haya sido reportado por un ciudadano común y no por un operativo de búsqueda institucional también habla de un vacío que debe corregirse de manera urgente. La confianza en el proceso electoral no se construye con tecnología solamente: se sostiene con garantías reales de seguridad, control y responsabilidad en cada etapa del circuito. La Justicia ahora tiene la palabra. Nota La Opinion