NORTE HOY El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo judicial. José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma, solicitó ampliar su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de la investigación sobre el lote 31202, vinculado a 96 muertes registradas en distintos hospitales del conurbano bonaerense. Fuentes judiciales confirmaron que Maiorano rompió el silencio al que se había amparado en su primera comparecencia, brindando detalles que, por el momento, se mantienen bajo reserva. La audiencia se llevó a cabo el miércoles a las 10 de la mañana y marcó el cierre de la ronda de indagatorias, dejando al magistrado en condiciones de definir la situación procesal de los imputados. Entre los principales acusados figura Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio Ramallo S.A., donde se produjo el fentanilo adulterado, junto a sus hermanos Damián y Diego, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos formaron parte del directorio de la firma en distintos periodos. La fiscal federal Laura Roteta y el juez Kreplak analizan procesarlos por homicidio culposo o incluso doloso. Otro de los imputados es Javier Tchukran, director general de ambos laboratorios, involucrado en varias etapas críticas de la producción. La causa también avanza sobre posibles omisiones estatales: días atrás se realizaron allanamientos en oficinas de ANMAT, INAME y domicilios de siete funcionarios actuales y pasados, entre ellos Gabriela Mantecón Fumadó, desplazada de la titularidad del INAME tras revelarse un informe interno que alertaba sobre irregularidades ignoradas en Ramallo. El expediente revela graves fallas internas en los controles del laboratorio. Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que en mayo pasado una de las jefas de control microbiológico reconoció que una muestra de fentanilo había dado positivo pero no lo informó. Según su relato, la técnica admitió que se “olvidó” de reportarlo, mientras que los directivos reaccionaron con enojo ante la omisión. En total, ya hay 17 personas imputadas, de las cuales siete permanecen detenidas. Ariel García Furfaro enfrenta los cargos más graves, que podrían derivar en penas de hasta 25 años de prisión. El caso pone en evidencia no solo presuntas irregularidades en la producción farmacéutica, sino también fallas de supervisión estatal que permitieron que un lote contaminado llegara a los hospitales. La Justicia analiza las próximas medidas y, mientras tanto, la sociedad espera respuestas claras sobre cómo se pudieron producir estas muertes evitables. NORTE HOY
