El ingreso de una nota de la empresa que asegura ser propietaria del predio de Costa Pobre al Concejo Deliberante desató un intenso debate en Ramallo. La iniciativa impulsada por el bloque Juntos–UCR busca declarar la zona como Patrimonio Turístico, Ambiental, Ecológico, Histórico, Cultural y Paisajístico, con el objetivo de preservar su valor natural y comunitario frente a posibles emprendimientos industriales o portuarios. El proyecto fue presentado tras los reiterados reclamos de vecinos y organizaciones ambientalistas, que alertaron sobre negociaciones para instalar emprendimientos de alto impacto en el área. Sin embargo, la empresa que se adjudica la titularidad de uno de los lotes calificó la iniciativa como “confusa” y “carente de fundamentos”, advirtiendo que, de aprobarse, iniciará acciones judiciales y presentará denuncias penales contra los concejales que apoyen la medida. La controversia escaló rápidamente en el recinto. Desde Juntos–UCR sostienen que el proyecto busca frenar lo que califican como “maniobras oscuras” del Ejecutivo y proteger un espacio con alto valor social y natural. En cambio, la concejala oficialista Marcela Isarra cuestionó la legitimidad del planteo y defendió el derecho de la empresa sobre las tierras, argumentando que la ordenanza podría vulnerar la propiedad privada. “Lo que hicimos fue dar respuesta a un reclamo de los vecinos. No podemos mirar para otro lado mientras hay intereses que buscan avanzar con proyectos logísticos o industriales en un área histórica para Ramallo”, expresó el concejal Costoya. Denunció además que la nota de la empresa era “violenta e intimidatoria” y sugirió que podía tener la intervención de algún funcionario del Ejecutivo. Por su parte, Isarra sostuvo: “Este proyecto no tiene sustento técnico ni jurídico. Responde más a presiones externas que al interés de Ramallo. Hay que respetar la titularidad de la empresa y el Código de Ordenamiento Territorial vigente”. Aunque admitió que la zona podría destinarse a emprendimientos logísticos, enfatizó que cualquier modificación requiere aval provincial. El conflicto refleja una tensión central sobre el uso del suelo. Mientras Juntos–UCR pretende incorporar Costa Pobre como Área de Protección Ambiental y Bosque Nativo y prohibir actividades de alto impacto, el oficialismo prioriza la normativa provincial y el potencial desarrollo económico de la zona. Costoya advirtió: “Quieren esperar a tener mayoría automática en el Concejo para habilitar proyectos que hoy niegan. Se está jugando con el patrimonio natural de Ramallo”. El proyecto tomará estado parlamentario en la próxima sesión, pero la polémica ya marca la agenda política del municipio. La disputa por Costa Pobre no solo involucra cuestiones legales y ambientales, sino también intereses políticos y económicos que ponen a prueba la capacidad de consenso en el Concejo. NORTE HOY 
