En los últimos días, la ciudad de Ramallo incrementó los controles sobre motocicletas que circulan con escapes ilegales, responsables de generar niveles de ruido que afectan la convivencia y la salud de la población. Los procedimientos son coordinados entre el área de Tránsito, la Policía y el Juzgado de Faltas, y se realizan tanto en la vía pública como a través del monitoreo de cámaras de seguridad. La jueza de Faltas, Dra. Sol Aroza, explicó que estas infracciones representan un riesgo sanitario. “El exceso de decibeles afecta a personas con hipersensibilidad auditiva, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y también a los animales. No se trata solo de contaminación sonora: estos ruidos generan trastornos físicos y emocionales en sectores vulnerables. No es una moda ni un capricho, es una cuestión de salubridad”, señaló. Los operativos se realizan bajo un marco legal estricto. Cuando se constata una infracción grave, como maniobras peligrosas o escapes no autorizados, se labra el acta correspondiente y se solicita al Juzgado de Faltas el allanamiento y secuestro del vehículo. Según Aroza, el objetivo no es perseguir a los motociclistas, sino actuar de manera preventiva y responsable, priorizando la seguridad de los intervinientes y de la comunidad. Las sanciones son severas y no admiten pago voluntario ni reducción de multas. La penalización mínima alcanza las 300 unidades fijas, equivalentes a más de $450.000. Para recuperar la moto, el infractor debe acreditar la propiedad y reemplazar el escape por uno autorizado, ya que el ilegal debe ser destruido antes de la restitución. La jueza también advirtió sobre la circulación de documentación apócrifa en el mercado ilegal, remarcando la necesidad de controles rigurosos para evitar que vehículos vinculados con hechos delictivos sean restituidos. “El Juzgado no puede permitir la devolución de motos sin papeles claros. Debemos garantizar que el control no termine favoreciendo el robo o el narcotráfico”, agregó. Finalmente, Aroza enfatizó que estas medidas tienen un carácter sanitario y social, no recaudatorio. “El ruido excesivo altera la vida cotidiana y afecta la convivencia entre vecinos. Apelamos a la empatía y a la responsabilidad de cada conductor para construir un tránsito más respetuoso y una comunidad más saludable”, concluyó. Redacción de Diario NORTE HOY
