Las 25 viviendas a medio construir en la localidad de Río Tala, que en los últimos días fueron ocupadas por un grupo de familias sin acceso a una vivienda, forman parte de una obra pública nacional que quedó paralizada tras el cambio de rumbo del Gobierno nacional y la decisión de discontinuar el financiamiento de proyectos habitacionales en todo el país. Las unidades corresponden a un plan ejecutado por la empresa Apco S. A., adjudicataria de la obra en junio de 2022, con un presupuesto original de 142,5 millones de pesos. El sistema constructivo elegido fue el de construcción en seco, bajo la modalidad conocida como concrehaus, y el plazo de ejecución previsto era de doce meses. El contrato fue firmado entre la empresa y el Municipio, que debía afrontar el pago con fondos del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, en el marco de un acuerdo celebrado durante la gestión presidencial de Alberto Fernández. Sin embargo, la obra quedó detenida en octubre de 2023, cuando el avance rondaba el 65 por ciento, según informó en diciembre de 2025 el entonces secretario de Obras Públicas, Javier Silva. La paralización coincidió con el cambio de gobierno nacional y la definición política de no continuar con la obra pública en ejecución. Según trascendió, la empresa había solicitado una redeterminación de precios debido al fuerte proceso inflacionario y aguardaba definiciones tras el recambio de gestión. Las viviendas quedaron con paredes y techos colocados; algunas contaban con instalaciones de agua y gas. Las aberturas, en tanto, ya no estaban en el lugar, y vecinos del barrio señalaron que también se retiraron otros materiales, algunos de los cuales habrían sido trasladados por la propia Municipalidad. Desde la paralización hasta hoy, el escenario fue cambiando sin soluciones concretas. Por un lado, el Municipio intimó formalmente a Apco S. A. a retomar los trabajos abandonados, sin obtener respuesta. Por otro, el Gobierno nacional dejó de enviar recursos para la continuidad del proyecto. El contrato con la empresa sigue formalmente vigente, aunque bajo la figura de “neutralización administrativa”, una condición que congela la obra sin darla por finalizada ni rescindida. Existen al menos dos pedidos de rescisión por mutuo acuerdo, pero nunca prosperaron, ya que ese camino implicaría deslindar responsabilidades técnicas y económicas de la empresa. En el Presupuesto 2024, el Municipio había previsto la transferencia de unos 101,7 millones de pesos restantes por parte del Ministerio de Hábitat para completar las 25 viviendas. Ese dinero nunca fue girado. Durante meses se registraron robos y hechos vandálicos en el predio, lo que encendió las alertas sobre un posible ingreso irregular. La advertencia se materializó el jueves pasado, cuando alrededor de 60 personas ingresaron al terreno y ocuparon las viviendas inconclusas, incluso delimitando sectores para levantar construcciones precarias. Opinión pública El caso de Río Tala expone con crudeza una zona gris que nadie quiso asumir: una obra sin fondos, un contrato sin resolución y un Estado ausente en todas sus escalas. Cuando las decisiones administrativas se congelan y las responsabilidades se diluyen, el conflicto social no tarda en aparecer. La ocupación de las viviendas no es el origen del problema, sino la consecuencia visible de una cadena de omisiones que se arrastra desde hace más de dos años. www.nortehoy.com.ar
