NORTE HOY Los actos de vandalismo ocurridos durante la noche del lunes en la Escalinata que conecta la costanera alta con la baja volvieron a poner en primer plano una discusión sensible: qué herramientas legales tiene el municipio cuando los daños al patrimonio público son cometidos por menores de edad. Tras la intervención policial y la identificación de los chicos involucrados, cuyas edades oscilan entre los 8 y los 14 años, el Gobierno municipal comenzó a evaluar las sanciones que podrían recaer sobre sus padres o responsables legales. Desde el punto de vista penal, las atribuciones son limitadas y se circunscriben a la correspondiente denuncia judicial. Sin embargo, en el ámbito contravencional local existe un marco normativo específico. “De todos estos destrozos se van a hacer cargo los padres irresponsables”, sostuvo el intendente Santiago Passaglia en un mensaje difundido a través de redes sociales. En esa misma línea, afirmó que el municipio avanzará con las herramientas disponibles para que los daños sean reparados y los costos asumidos por quienes tienen el deber de cuidado. El eje de la estrategia oficial está puesto en el Código de Convivencia vigente, aprobado mediante la Ordenanza Municipal Nº 10.238. La autoridad de aplicación es el Juzgado Municipal de Convivencia, Defensa del Consumidor y Faltas, a cargo de la Dra. Marianela La Fratta. Según indicaron fuentes municipales, una vez completado el proceso de identificación de los padres o tutores, estos serán citados al Juzgado para determinar su eventual responsabilidad. La normativa contempla no solo la aplicación de multas, sino también la obligación de afrontar el costo de las reparaciones que deba realizar el municipio. En ese sentido, el Artículo 25º del Código de Convivencia establece de manera explícita la responsabilidad de padres, tutores o cuidadores ante infracciones cometidas por menores de 18 años. La norma prevé una investigación previa y, de comprobarse la participación del menor, la citación de los adultos responsables en un plazo de 48 horas. Las sanciones previstas en este artículo van desde multas de 50 hasta 1000 módulos punitivos, cuando se determine el incumplimiento del deber de vigilancia, salvo que la contravención específica establezca montos diferentes. Además, el Artículo 111º del mismo Código refiere puntualmente a la conservación del espacio público. Allí se dispone que toda persona que ocasione daños en plazas, parques, paseos, balnearios o mobiliario urbano podrá ser sancionada con multas que oscilan entre 10 y 2000 módulos. El juez, además, está facultado para ordenar la reparación del daño con costo a cargo del infractor, según la gravedad del hecho. Con el valor actual del módulo punitivo, las sanciones económicas podrían ir desde poco más de seis mil pesos hasta montos que superan los trece millones en los casos considerados más graves. La misma norma aclara que, cuando los daños son causados por menores, la sanción se aplica a quienes tengan a su cargo su cuidado, en consonancia con lo establecido en el Artículo 25º. “Lo que pasó genera mucha indignación, porque detrás de cada obra y de cada espacio público hay un enorme esfuerzo de los vecinos. No vamos a mirar para otro lado”, expresó el intendente, dejando en claro que el episodio no quedará sin respuesta institucional. Más allá de las sanciones económicas, el debate abre una discusión de fondo sobre el rol de los adultos en la formación y el control de los menores. El cuidado del espacio público no es solo una obligación legal: es una responsabilidad social que empieza en el hogar y se refleja en la convivencia cotidiana. NORTE HOY
