NORTE HOY La denominada causa “El Clan”, que involucra a seis hombres y dos mujeres acusados de integrar una presunta organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en San Pedro, fue elevada a juicio oral. El expediente quedó radicado en el Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Nicolás y comenzó el ofrecimiento de pruebas que marcará el rumbo del debate público. El tribunal está integrado por las juezas Laura Fernández y Belén Ocaris y el juez Cristian Ramos, quienes deberán fijar fecha para el juicio en el que se analizarán las responsabilidades penales de los imputados. Los acusados son Miguel Ángel Briceño, Alejo La Horca, Sebastián Mando, Daniel Ezequiel Mitacek, Jeremías Javier Garay, Jeremías Ezequiel Zacarías, Nancy Lorena Lescano y Geraldine Alejandra Pereyra. Según la acusación, Briceño y La Horca habrían ocupado los roles centrales dentro de la estructura investigada. El restobar como presunta pantalla La Fiscalía N° 1, a cargo de Verónica Marcantonio, sostiene que Briceño y La Horca proveían cocaína y marihuana al resto de los integrantes para su comercialización al menudeo. La actividad ilícita habría sido detectada entre el 28 de diciembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024, cuando se realizaron 16 allanamientos simultáneos que derivaron en las detenciones y secuestros de elementos de prueba. De acuerdo con la imputación, Briceño sería el presunto cabecilla de la organización y habría utilizado como fachada el restobar “El Clan”, ubicado en Las Heras 75, en pleno centro de la ciudad. En su domicilio particular se incautaron dos ladrillos de marihuana que superaban el kilo de peso, envoltorios de cocaína, dinero en distintas monedas, teléfonos celulares y una computadora. En uno de los vehículos que utilizaba se había colocado un rastreador en el marco de la investigación. El acusado negó los cargos y sostuvo que la sustancia incautada no le pertenecía. En el domicilio de La Horca, en Maestro Reyna al 1100, se secuestraron una balanza, una pequeña cantidad de cocaína fraccionada, recortes de nylon, dinero en efectivo y teléfonos celulares. En su declaración, también rechazó la acusación y planteó que la sustancia hallada no era de su propiedad. Allanamientos, secuestros y roles dentro de la banda La pesquisa se inició a partir de una denuncia anónima que señalaba a Jeremías Garay. A partir de allí, los investigadores ampliaron el seguimiento y reconstruyeron, según la hipótesis fiscal, una red de provisión y distribución en distintos puntos de la ciudad. En el domicilio de Garay se incautaron envoltorios de cocaína fraccionada y material presuntamente utilizado para el estiramiento de la sustancia. Actualmente cumple arresto domiciliario. Su entorno familiar negó las acusaciones. En la vivienda de Nancy Lescano y Geraldine Pereyra, en Dávila al 500, los procedimientos arrojaron el secuestro de decenas de envoltorios listos para la venta, una balanza y teléfonos celulares. En el Bajo Puerto, la División Drogas Ilícitas realizó allanamientos en los domicilios de Jeremías Zacarías y Daniel Mitacek. En el primero se incautaron envoltorios fraccionados y un arma de fuego; en el segundo, además de sustancia presuntamente destinada a la comercialización, se halló una pistola calibre 40 y dinero en efectivo. Zacarías, quien cumple condena bajo arresto domiciliario por otra causa, será juzgado mediante un trámite abreviado, mientras que el resto enfrentará el debate oral y público. Sebastián Mando, por su parte, fue detenido días después de los allanamientos tras ser considerado inicialmente prófugo. En su declaración sostuvo que las plantas de marihuana halladas en su domicilio eran para consumo personal y explicó los movimientos bancarios vinculados a Briceño por su actividad laboral como mecánico. Camino al juicio oral Con la elevación a juicio ya formalizada, comienza una etapa clave en la que las partes ofrecerán pruebas, testigos y pericias que serán evaluadas en audiencia pública. Será el Tribunal quien determine si existió una organización estructurada para la comercialización de estupefacientes y cuál fue el grado de responsabilidad de cada imputado. El caso generó fuerte repercusión en la ciudad por la presunta utilización de un comercio céntrico como fachada y por la magnitud de los procedimientos realizados. Ahora, el proceso judicial avanzará hacia una instancia decisiva en la que se debatirán los hechos bajo el principio de publicidad y contradicción. Más allá de las acusaciones, será el juicio el ámbito donde se definirá la verdad jurídica del caso. En contextos donde la preocupación social por el narcotráfico crece, la respuesta institucional —con investigaciones sólidas y procesos transparentes— resulta determinante para sostener la confianza pública. NORTE HOY
