NORTE HOY La sala del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 fue escenario de una jornada cargada de tensión y emotividad en el inicio del juicio contra dos de los cinco imputados por el homicidio del abogado y comerciante César Antonio Butara, ocurrido el 19 de febrero de 2024 en Ramallo. José Antonio Pereyra Retamal y Facundo Gómez enfrentan un debate técnico ante los magistrados Laura Fernández, María Elena Baquedano y Alejandro López. La audiencia continuará este jueves y marcará el cierre de esta etapa del proceso, tras cumplirse exactamente dos años del hecho que conmocionó a la comunidad. En paralelo, los otros tres acusados —Walter Rubén Díaz, Miguel Ángel Pereyra Retamal y Dalmiro Nicolás Cáceres— optaron por un juicio por jurados cuya fecha aún no fue confirmada. La audiencia preparatoria está prevista para los primeros días de marzo. “Fue un hecho planificado” Durante los alegatos iniciales, la fiscal Verónica Marcantonio, titular de la UFI Nº1, sostuvo que el ataque no fue improvisado sino el resultado de una planificación previa. Según la acusación, los cinco imputados actuaron bajo un plan común, con roles definidos, y deben responder como coautores por homicidio criminis causa, robo calificado por el uso de arma y portación ilegal de arma de fuego de uso civil, una de las figuras más gravosas del Código Penal que contempla prisión perpetua. La parte acusadora no distinguió responsabilidades individuales en relación con el disparo mortal, al considerar que todos formaron parte de la misma maniobra delictiva. Testimonios atravesados por el dolor En la primera jornada declararon alrededor de 15 testigos, entre ellos la madre, la esposa y los hijos de la víctima, quienes estuvieron presentes durante el asalto. La familia siguió cada intervención visiblemente conmovida, en un clima de profundo recogimiento. También expusieron efectivos policiales de la Comisaría Primera de Ramallo que participaron de la investigación y de los procedimientos que culminaron con la detención de los sospechosos. Las pruebas centrales se sustentan en peritajes de cámaras de seguridad que ubicarían a los acusados antes, durante y después del hecho en las inmediaciones de la vivienda. De acuerdo con lo ventilado en el debate, dos de los imputados —oriundos de San Pedro y radicados en Villa Ramallo— habrían convocado a los otros tres para concretar el asalto. La hipótesis fiscal sostiene que existieron tareas previas de observación y organización. El crimen que marcó a Ramallo César Antonio Butara, de 56 años, era un reconocido abogado y comerciante local. El 19 de febrero de 2024, poco después de las 8 de la mañana, un grupo de personas armadas ingresó a su vivienda ubicada en la zona de quintas sobre avenida Mitre al 2500, en Barrio Sur. Según la reconstrucción judicial, tres ingresaron a la propiedad mientras otros dos permanecieron en el exterior. Tras reducir a la familia, se produjo un forcejeo en el que Butara recibió el disparo que le provocó la muerte en el lugar. Horas más tarde, personal del Grupo Técnico de Operaciones logró detener a los cinco sospechosos en un asentamiento cercano. Tenían entre 18 y 32 años. Uno de ellos sería quien efectuó el disparo. El caso generó una fuerte repercusión social y reclamos de justicia que aún perduran. El veredicto que se conocerá en los próximos días será determinante no solo para las partes involucradas, sino también para una comunidad que sigue atenta cada instancia del proceso. Una causa que interpela Más allá de las responsabilidades individuales que deberá establecer el Tribunal, el juicio vuelve a poner en debate la gravedad de los delitos cometidos en el marco de robos domiciliarios y el impacto irreparable que generan en las víctimas y sus familias. La planificación previa que sostiene la fiscalía, de confirmarse, agravaría aún más la dimensión del hecho. Ramallo sigue esperando una respuesta judicial que cierre una de las páginas más dolorosas de su historia reciente. NORTE HOY
