La historia que comenzó con un intercambio aparentemente común terminó convirtiéndose en una pesadilla que aún no tiene final. Franco Esteban, víctima de una estafa que involucra a un empleado municipal, logró que su camioneta Chevrolet fuera hallada en el partido de San Pedro, pero todavía no consigue recuperarla. El vehículo permanece secuestrado en el destacamento policial de Gobernador Castro, mientras la causa judicial avanza con lentitud. La investigación permitió determinar que la camioneta había sido trasladada desde la zona de Cabrera al 1000 hacia Vuelta de Obligado, remolcada por otro vehículo. Todo se inició cuando Esteban acordó cambiar su camioneta por una motocicleta. Sin embargo, fue engañado por un hombre que se presentó con una identidad falsa y entregó documentación adulterada. Con el correr de los días, se comprobó que detrás de la maniobra estaría un empleado municipal, lo que agravó aún más el caso. Cuando la víctima advirtió la estafa, el vehículo ya había desaparecido. La aparición de la camioneta trajo alivio, pero parcial. Ahora, la restitución depende de un proceso judicial que, según denuncia Esteban, se mueve con una lentitud desesperante. “Nos dijeron que iban a enviar un oficio para trasladar la causa, pero todavía no hay novedades. Si no responden, vamos a tener que viajar personalmente para pedir que liberen ese trámite”, explicó. El damnificado no ocultó su malestar por la situación. Señaló que el sistema resulta complejo, burocrático y poco eficaz para quienes sufren un delito. “Nada es ágil, nada favorece al ciudadano que hace las cosas bien”, expresó con frustración. Según relató, la recuperación del vehículo fue posible gracias al seguimiento constante de su familia y no por el accionar directo de la Justicia. En ese sentido, remarcó que sin esa insistencia el resultado podría haber sido muy distinto. Mientras tanto, la camioneta continúa bajo custodia policial, a la espera de que se cumplan los pasos formales para su devolución. Una instancia que, lejos de ser inmediata, se ha transformado en otro capítulo de incertidumbre para la víctima. Opinión pública: El caso vuelve a poner en discusión un problema estructural que afecta a miles de ciudadanos: la distancia entre la recuperación de un bien y su restitución efectiva. Cuando el sistema no logra dar respuestas rápidas, el perjuicio no termina con el delito, sino que se prolonga en el tiempo, generando desgaste, desconfianza y una sensación de desprotección que impacta directamente en la vida cotidiana. www.nortehoy.com.ar
