En un clima de creciente tensión entre el Gobierno nacional y las provincias, un grupo de gobernadores se prepara para asistir este lunes a una reunión clave en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El objetivo: exigir respuestas concretas ante la alarmante caída de la coparticipación, el freno total a la obra pública nacional y la ausencia de fondos extraordinarios como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La convocatoria, impulsada originalmente por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, tras la reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), busca canalizar de forma institucional los reclamos compartidos por varios mandatarios provinciales. El encuentro fue aceptado por Francos y se desarrollará en el Salón de los Espejos, con una representación transversal de las provincias, donde incluso Axel Kicillof, gobernador bonaerense, manifestó su interés en participar. Desde el Norte argentino hasta la Patagonia, las preocupaciones se replican: pérdida de recursos, colapso en infraestructura vial, paralización de obras y tensión fiscal. Un informe de la Comisión Federal de Impuestos estimó que las transferencias automáticas caerán un 4,2% en 2025, lo que representa una merma de $2,5 billones para las arcas provinciales, equivalente al 0,3% del PBI. Las provincias más dependientes de estos ingresos —como La Rioja, Formosa y Catamarca— ya enfrentan severas restricciones, mientras que CABA aparece menos afectada. Las causas apuntadas incluyen decisiones del Gobierno nacional que redujeron la base imponible de impuestos coparticipables, como cambios en Ganancias, IVA y combustibles. “Las proyecciones no son alentadoras”, advirtió un mandatario provincial consultado por NORTE HOY. La preocupación también recae sobre los fondos del Plan Sumar+, el aumento de la demanda hospitalaria en las provincias, y el desfinanciamiento progresivo en áreas sensibles como salud y transporte. La obra pública es otro punto de fricción. Con un recorte del 52,1% en los primeros cinco meses del año, apenas 183 de las 2.337 obras nacionales siguen bajo gestión del Estado central. Más de 1.600 fueron dadas de baja, mientras que otras 500 fueron transferidas a las provincias sin fondos asignados. “Dicen que los fondos están descongelados, pero no se ve ni una retroexcavadora en la ruta”, ironizan desde Buenos Aires. Desde Casa Rosada se muestran cautos: “Francos escuchará y luego se definirá con cada área”, repiten. Pero en las provincias temen una dilación sin propuestas concretas. “No venimos a pasear”, advirtió un gobernador. El pedido de los ATN también será central, en un contexto donde varias jurisdicciones ya afrontan déficit fiscal creciente. La discusión no es ajena al calendario electoral. Con Cristina Kirchner lanzada en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada evita habilitar fondos que puedan fortalecer su estructura política. En paralelo, la Nación intenta mantener alianzas legislativas con algunos gobernadores, como Valdés (Corrientes) o Frigerio (Entre Ríos), con quienes negocia discretamente reformas estructurales previstas para 2026. Mientras tanto, el malestar es evidente. Muchos gobernadores aseguran no tener otro interlocutor más allá de Francos o el asesor presidencial Santiago Caputo. “No es que apoyamos al Gobierno, es que nuestra deuda está atada a la suya”, confiesan en privado. El trasfondo político de esta cumbre excede lo económico: se trata de un intento de recomposición institucional frente a una Nación que ejecuta un ajuste sin precedentes, pero que depende del Congreso —y, por ende, de los gobernadores— para avanzar con su programa de reformas. En ese juego tenso, las provincias reclaman ser escuchadas, pero sobre todo, respetadas. “La paciencia tiene un límite. Y las provincias no son oficinas delegadas del Ejecutivo nacional”, deslizó un gobernador peronista con tono firme. Redacción del Diario NORTE HOY ingresá a www.nortehoy.com.ar.