La investigación federal que encabeza el juez Ernesto Kreplak sacudió la estructura de control sanitario en Argentina. El caso del fentanilo contaminado, que provocó al menos 40 muertes, reveló que Laboratorios Ramallo, productor del medicamento letal, nunca había sido inspeccionado por el Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial de la Anmat. De acuerdo a documentación oficial, la firma HLB Pharma —encargada de comercializar la droga— tampoco era controlada desde 2018. La sustancia, compuesta por citrato de fentanilo, presentaba bacterias mortales como Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii. El lote 31202 fue distribuido sin controles adecuados y terminó vinculado a los fallecimientos de decenas de pacientes bajo tratamiento clínico. En su declaración ante la Justicia, Andrea Rey, directora del Departamento de Sustancias Sujetas a Control Especial, admitió la incapacidad del organismo para cumplir con los controles mínimos. Su equipo cuenta con apenas cuatro inspectores para todo el territorio nacional, lo que hace prácticamente imposible fiscalizar cada laboratorio o importación de drogas de alta peligrosidad. La debilidad del sistema no es nueva: informes de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación ya habían alertado sobre fallas estructurales desde hace más de una década. Sin embargo, la tragedia del fentanilo contaminado vuelve a encender las alarmas sobre la fragilidad de la cadena de trazabilidad y el riesgo que enfrentan pacientes y profesionales de la salud. “A veces se llega al punto de no hacer la inspección porque es más trabajoso y se cuenta con capacidad limitada”, reconoció Rey, exponiendo la cruda realidad de un sistema que opera con burocracia, carencia de recursos y escaso control real. La investigación también develó inconsistencias en registros de importación: mientras Rey negó tener conocimiento de compras de citrato de fentanilo a Sudáfrica, un certificado oficial de calidad mostró que en 2021 ingresó un lote que terminó en el producto contaminado. Para especialistas, el caso podría marcar un antes y un después en la política sanitaria. La sociedad reclama que la Anmat y el Ministerio de Salud refuercen de inmediato su estructura de inspección, control de stock y trazabilidad de drogas sujetas a fiscalización especial. Diario NORTE HOY. Opinión pública: El dolor de las familias de las víctimas exige respuestas y acciones concretas. La desidia y la falta de controles matan tanto como la droga contaminada. Es tiempo de que la sociedad y las autoridades exijan un cambio estructural para que nunca más la negligencia se cobre vidas inocentes.