Redacción del Diario NORTE HOY - La investigación por la partida de fentanilo contaminado que provocó la muerte de más de medio centenar de pacientes en clínicas y hospitales de todo el país dio un giro clave esta semana. En una operación simultánea, el Juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, ordenó 19 allanamientos en domicilios particulares y sedes empresariales del clan García Furfaro, dueño de las firmas HLB Pharma Group S.A., Laboratorios Ramallo S.A. y la droguería Alfarma S.R.L.. Durante los operativos, ejecutados por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), se incautaron armas sin documentación, documentación confidencial vinculada a la producción de medicamentos, y decenas de dispositivos electrónicos. Además, se hallaron pallets completos de medicamentos que debían estar bajo custodia de la ANMAT, pero aparecieron en depósitos no habilitados de otras firmas vinculadas a la red empresarial. Las inspecciones alcanzaron los domicilios de Ariel, Diego y Damián García Furfaro, así como el de su madre, Nilda Furfaro, y otras personas del entorno como Jorge Salinas, exdirectivo del Laboratorio Apolo y viejo conocido del fuero federal. También fueron allanadas las propiedades de responsables técnicos, contables y administrativos de las empresas farmacéuticas bajo investigación. Entre los hallazgos más inquietantes se destacan dos armas largas sin registro en Ramallo, documentación sobre los laboratorios ocultos en la firma de alimentos 3Arroyos, y la aparición de tres camiones ploteados con logos de esa empresa pero cargando medicamentos distribuidos pese a estar bajo observación por "desvío de calidad". Los secuestros también incluyeron 13 teléfonos celulares, múltiples notebooks, discos duros, pendrives y carpetas con papelería interna de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Alfarma. Parte de estos elementos serán claves para reconstruir la trazabilidad de la fabricación de las ampollas contaminadas con bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia Picketti. Según el expediente, el clan habría diseñado un circuito cerrado de producción y venta, en el que HLB Pharma fabricaba los fármacos, Ramallo los elaboraba en exclusividad, y Alfarma los distribuía en licitaciones públicas y ventas directas a provincias y municipios. “Rompí el mercado”, llegó a declarar con orgullo Ariel García Furfaro, quien vendía a precios muy por debajo de sus competidores, lo que le garantizaba adjudicaciones masivas. La causa cuenta con más de 260 expedientes de ANMAT, de los cuales 117 refieren a desvíos graves en la calidad de los medicamentos. Ahora, el juez Kreplak se enfoca en analizar los batch records, registros que documentan cada paso de la fabricación de los lotes y podrían confirmar negligencias o adulteraciones deliberadas. Los avances judiciales incluyen la incorporación como querellantes del Hospital Italiano de La Plata, epicentro de las primeras muertes por fentanilo contaminado, y del Ministerio de Salud de la Nación, que considera el caso como un hecho de extrema gravedad para la salud pública argentina. Mientras tanto, NORTE HOY pudo saber que la documentación secuestrada en depósitos de Cables Epuyen —otra firma del grupo— incluye pallets de diclofenac y paracetamol, también bajo investigación. Algunos de estos productos estaban cubiertos con lonas y transportados en camiones de alimentos, sin los resguardos que exige la ANMAT para productos médicos en observación. Este nuevo capítulo expone una presunta trama de ocultamiento y desvío de medicamentos, en paralelo con operaciones millonarias de venta al Estado. La conexión con dirigentes políticos, como la presencia de García Furfaro junto a la expresidenta Cristina Kirchner en 2024 y su viaje a Rusia en la comitiva oficial por la vacuna Sputnik V, complejiza aún más el entramado. Desde el entorno del empresario, sostienen que todo se trata de un complot de competidores y ex empleados. Sin embargo, hasta el momento, la causa judicial no avala esa hipótesis. El magistrado evalúa ahora el grado de responsabilidad penal de cada actor involucrado. Para el sistema de salud, el caso representa uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años. La sospecha de que productos contaminados hayan circulado sin control y sin trazabilidad pone en jaque no solo a los laboratorios involucrados, sino al propio sistema de control farmacéutico nacional. Más información en www.nortehoy.com.ar