Una enfermera de la Guardia que pidió licencia médica para recuperarse de una fascitis plantar fue sorprendida realizando tareas profesionales en un hospital privado, lo que derivó en un sumario administrativo con recomendación de despido. Sin embargo, la normativa vigente protege a la empleada, quien posee fueros gremiales por integrar la comisión directiva de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), lo que impide al Municipio proceder con la cesantía hasta que el sindicato retire esa protección. El hecho se produjo en San Pedro, donde la trabajadora ingresó en licencia el 18 de diciembre pasado y fue vista el 20 en el hospital privado Sadiv cumpliendo funciones, situación que generó una denuncia interna. La Subsecretaría Legal y Técnica municipal dictaminó en febrero iniciar el sumario administrativo con suspensión preventiva sin goce de haberes. El sumario concluyó que la enfermera cometió una falta grave al solicitar reposo por motivos médicos y, simultáneamente, ejercer tareas en otro establecimiento, lo que causó un perjuicio a la administración pública. Por este motivo, el Gobierno local tiene listo el procedimiento para el despido. No obstante, el marco legal que protege a los representantes gremiales obliga al Municipio a solicitar formalmente a ATE el desafuero de la empleada. Sólo tras la remoción de esos fueros podrá ejecutarse la medida disciplinaria definitiva. Este caso pone en evidencia las complejidades jurídicas que pueden surgir cuando se cruzan derechos laborales y responsabilidades públicas, y abre el debate sobre la efectividad de los controles internos en la administración municipal. Diario NORTE HOY