En un nuevo capítulo de la problemática que genera el denominado “Estafador QR”, el coordinador de la Secretaría Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, Julio Pérez Carreto, brindó un análisis contundente sobre la forma en que la ley actual limita las acciones para frenar estas maniobras delictivas. En una entrevista emitida durante el programa Sin Galera, Pérez Carreto explicó que, aunque las estafas digitales ya están tipificadas como delito de estafa, la legislación vigente –con la Ley de Delitos Informáticos sancionada en 2008– carece de definiciones claras que incluyan elementos clave como “evidencia digital” y “teléfonos celulares”. Esto genera un vacío legal que dificulta la persecución efectiva de este tipo de crímenes. El acusado, conocido públicamente como “Estafador QR”, ha sido motivo de múltiples denuncias por parte de vecinos que reclaman una respuesta judicial firme. A pesar de un reciente allanamiento en su domicilio de la zona de Bajada al Puerto, el sujeto fue liberado pocas horas después, lo que provocó indignación en la comunidad. “Si es una estafa de 150 mil pesos contra un jubilado que cobra la mínima, es mucha plata que pierde el damnificado”, destacó Pérez Carreto, poniendo en evidencia el daño real que ocasionan estas prácticas fraudulentas en la población más vulnerable. Además, el especialista advirtió que las actuales limitaciones legales no solo complican la investigación, sino también la posibilidad de aplicar sanciones proporcionales al perjuicio causado, lo que contribuye a que el delincuente continúe operando con relativa impunidad. La situación ha generado un fuerte rechazo social, con comentarios que reflejan la frustración ciudadana ante lo que muchos consideran una falta de acción contundente por parte de la justicia local. NORTE HOY Opinión pública: El caso del “Estafador QR” evidencia una brecha entre la evolución tecnológica y la capacidad del sistema judicial para responder eficazmente. Esta disparidad no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también aumenta la vulnerabilidad de sectores sociales más expuestos. La actualización legislativa y la coordinación entre organismos serán fundamentales para revertir este escenario. NORTE HOY -  para más información visita nortehoy.com.ar