El Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás emitió un comunicado oficial en el que confirmó la clausura total de la planta de Atanor, tras detectarse la existencia de una conexión clandestina vinculada a residuos industriales. La medida, firmada por la jueza Luciana Díaz Bancalari, se enmarca en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso público a la información ambiental. La causa judicial, de alto impacto para la comunidad nicoleña, fue informada de forma oficial en las últimas horas. Díaz Bancalari detalló que la planta, que había sido habilitada para funcionar nuevamente el 31 de octubre de 2024 bajo estrictas condiciones impuestas por el Ministerio de Ambiente, la Autoridad del Agua (ADA) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, incumplió gravemente los compromisos asumidos. El 9 de junio de 2025, personal de la ADA realizó una inspección en el predio y halló una conexión clandestina en el sistema de toma de muestras. Si bien Atanor argumentó que se trataba de agua estancada, los análisis oficiales realizados el 8 de julio arrojaron que el contenido era efectivamente residuo industrial. A raíz de este hallazgo, la ADA ordenó la clausura inmediata del establecimiento. La jueza Díaz Bancalari no solo avaló la medida, sino que adoptó nuevas decisiones clave: Comunicó los hechos al Ministerio de Ambiente, a la Municipalidad de San Nicolás, al CONICET, al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Informó a la representación gremial sobre la gravedad de la conducta empresarial. Ordenó la apertura de causas penales tanto en la Justicia Federal como en la provincial para investigar posibles delitos ambientales cometidos por funcionarios y directivos de la firma. Convocó una nueva audiencia para el 11 de julio con participación de todas las partes intervinientes. Inició un nuevo expediente judicial denominado “Relocalización”, para supervisar que la empresa no abandone pasivos ambientales sin tratamiento. En paralelo, el juzgado informó que Atanor notificó por escrito su intención de relocalizar la planta, argumentando dificultades financieras derivadas del contexto económico nacional. Sin embargo, hasta ese momento, los organismos de control no habían recibido ninguna notificación formal. Ante esta irregularidad, el Ministerio de Ambiente dispuso el 12 de julio la prohibición de ingreso y egreso de camiones al predio, como medida preventiva para evitar el vaciamiento sin garantías de remediación. La causa seguirá bajo el seguimiento del Juzgado de Ejecución Penal, que mantendrá la vigilancia sobre los compromisos ambientales asumidos por la empresa, el cumplimiento efectivo de la clausura y la eventual remediación del sitio contaminado. NORTE HOY