El Juzgado Federal de San Nicolás emitió un fallo de alto impacto institucional al ordenar al Gobierno nacional reparar el puente ubicado en la intersección de la Ruta Provincial N° 51 con la autopista nacional, dentro del partido de Ramallo. La resolución se dictó tras una acción de amparo impulsada por el intendente Mauro Poletti en nombre del Municipio, ante el estado crítico de la estructura y el riesgo que implica para la comunidad. La decisión judicial establece que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la empresa Corredores Viales S.A. deberán comenzar con los trabajos en un plazo de diez días hábiles luego de finalizada la feria judicial de invierno, y terminarlos en un máximo de tres meses. Además, las entidades implicadas deberán presentar informes mensuales sobre el avance de las obras, bajo supervisión del tribunal. En los fundamentos del fallo, dictado el 17 de julio, el juez desestimó los argumentos del Estado nacional, que había intentado excusarse apelando a la Ley Bases de Emergencia Económica, el proyecto de disolución de Vialidad Nacional y el proceso de privatización de Corredores Viales. El magistrado fue contundente al remarcar que “el mantenimiento de la estructura y de los accesos viales sobre la Ruta Nacional N°9 es competencia exclusiva del Gobierno nacional”, deslegitimando cualquier omisión en nombre de reformas legislativas. Este pronunciamiento marca un antecedente importante en la provincia de Buenos Aires, y se alinea con decisiones similares ya tomadas por la Justicia en otras jurisdicciones del país, como Santa Fe, Río Negro y Corrientes. En todos los casos, se trata de reclamos presentados por municipios que, ante la falta de respuestas de Nación, decidieron acudir a la Justicia para salvaguardar la integridad de sus comunidades. La causa, iniciada por el Municipio de Ramallo, subraya el abandono en el que se encontraba el puente, con fallas estructurales visibles y sin señalización preventiva. Los informes técnicos presentados junto al amparo advirtieron que, de no intervenirse con urgencia, podría registrarse un colapso o accidente de magnitud. La resolución también blinda jurídicamente al Municipio, aclarando que no puede ni debe asumir intervenciones que legalmente corresponden a Nación, lo cual deja expuesto el vacío operativo en el que había quedado la obra desde hace años. Este fallo no solo representa una victoria institucional para Ramallo, sino que también abre una vía legal para que otros municipios en situaciones similares reclamen en la Justicia por infraestructura crítica. La demanda de seguridad vial se vuelve así una causa judicial legítima ante la omisión del Estado nacional. Diario NORTE HOY - Más información en www.nortehoy.com.ar