NORTE HOY – La aprobación de 22 nuevos contratos en el Hospital José María Gomendio reavivó el debate político en Ramallo y puso en evidencia una fuerte grieta entre el oficialismo y la oposición dentro del Concejo Deliberante. Durante la última sesión extraordinaria, el bloque oficialista avanzó con la incorporación de personal de salud, choferes, enfermeros y personal de cocina. No obstante, la oposición —conformada por los bloques Juntos por Ramallo y Juntos-UCR— decidió abstenerse de votar, argumentando profundas discrepancias con la modalidad de contratación utilizada por el Ejecutivo municipal. “Estamos frente a una situación que se repite y se agrava: vínculos laborales precarios bajo contratos de locación de obra, sin aportes previsionales, sin cobertura social ni derecho a sindicalización”, advirtió el concejal Dr. Luis Algasibiur, quien expresó su preocupación por el crecimiento de esta figura en el Estado local. El edil cuestionó además la falta de previsión presupuestaria: “Según nuestros cálculos, esta tanda de contratos representa unos 90 millones de pesos en seis meses. Y lo más grave es que hay trabajadores que hacen la misma tarea con contratos diferentes y sueldos dispares. Es un sistema que profundiza la desigualdad y genera desorden administrativo”. Algasibiur aclaró que su bloque se abstuvo de votar para no afectar a los trabajadores que ya se encuentran cumpliendo funciones: “No queremos que dejen de cobrar. El contrato comenzó a regir el 1° de julio, pero recién ahora se trae al recinto. Es otro ejemplo de un déficit institucional que nos preocupa”. Desde el oficialismo, el presidente del Concejo Deliberante Adrián Lescano justificó la medida al señalar que este tipo de contratación “no es nuevo” y responde a las necesidades concretas del sistema de salud local: “Desde hace años se utiliza este mecanismo para cubrir guardias médicas con profesionales que no son del distrito. Conseguir médicos es cada vez más difícil, y esta es una herramienta para garantizar servicios esenciales”. Lescano también defendió el momento en el que se trató la aprobación: “No hubo acuerdo parlamentario para abordarlo antes. Pero si no lo hacíamos ahora, los profesionales no podían cobrar. Nuestra prioridad es sostener el funcionamiento del hospital con personal calificado y disponible”. La controversia desatada dejó al descubierto una problemática estructural en el funcionamiento del sistema sanitario municipal: la tensión entre la necesidad de incorporar recursos humanos rápidamente y la obligación institucional de garantizar condiciones laborales dignas. Opinión pública razonada: Más allá de los posicionamientos políticos, el caso del Hospital Gomendio evidencia un dilema mayor: ¿puede sostenerse un sistema de salud público basado en contratos precarios? En un país donde el empleo estatal es muchas veces refugio ante la informalidad privada, la consolidación de modalidades sin estabilidad parece socavar el principio mismo de equidad. Es hora de discutir una política sanitaria que no solo se enfoque en números, sino en la dignidad laboral de quienes sostienen día a día la salud de la comunidad. NORTE HOY