El Concejo Deliberante vuelve a estar en el centro de la polémica por el enfrentamiento entre los concejales Martín Rivas y Ariel Rey. Según informaron fuentes oficiales, Rivas presentó ante la presidencia del cuerpo legislativo una solicitud de restricción perimetral contra tres colaboradores de Rey, entre ellos un policía bonaerense, alegando temor por su integridad física. En su presentación, Rivas detalló que los asesores Enzo Gravino y Andrés Ferrari lo agredieron verbalmente y lo empujaron, y solicitó que se establezcan "reglas claras sobre el ingreso y permanencia de personas" en el ámbito del Concejo, a fin de garantizar la seguridad de todos los miembros. Por su parte, Andrés Ferrari respondió con una nota en la que acusó a Rivas de haberle propinado un codazo en la mandíbula, acompañando una copia de la denuncia penal que radicó en la Comisaría tras una revisión médica en el Hospital local. El miércoles, Rivas se presentó en la Justicia para dejar constancia de que tanto Gravino como Ferrari lo hostigan desde la jura de los nuevos concejales, llegando a insultos directos como "traidor" y "garca", y referencias a su desempeño electoral: "Sacaste el 4 % de los votos". Además, Rivas señaló que Jonatan de la Fuente, policía bonaerense y militante de Ariel Rey, lo amenazó directamente con expresiones de alto contenido intimidatorio, sumando antecedentes previos de denuncias por amenazas contra este funcionario en 2023, cuando ambos compartieron lista electoral pero luego se enemistaron. La solicitud de Rivas busca impedir que los tres mencionados accedan al espacio del Concejo Deliberante, medida que podría modificar la dinámica interna del bloque y prevenir nuevos incidentes. Este hecho se suma a un antecedente en el HCD donde también se tramitaron medidas de restricción perimetral, aunque en aquella ocasión la exconcejala Rita Leguizamón fue la denunciante y logró únicamente una orden de “cese de hostigamiento”.  Diario NORTE HOY Opinión pública: La solicitud de Rivas refleja no solo un conflicto personal sino también un desafío institucional: garantizar la seguridad y el respeto dentro del Concejo. La expectativa es que la Justicia actúe con rapidez y claridad, evitando que la política local se vea empañada por incidentes de esta naturaleza.
