La Justicia de la provincia de Buenos Aires avaló el uso de cinemómetros —más conocidos como radares de fotomultas— para el control de velocidad en rutas provinciales y dentro de los municipios. La decisión fue adoptada por el fiscal Álvaro Garganta y el juez de garantías Juan Pablo Masi, ambos con asiento en La Plata, quienes concluyeron que no existe impedimento alguno para que el sistema siga funcionando y generando sanciones válidas a los infractores. La resolución judicial se dio en el marco de una investigación iniciada por supuestas irregularidades en la implementación de estos dispositivos. Sin embargo, tras el análisis de los elementos presentados, los magistrados ratificaron que los controles son legales y que tanto el Gobierno bonaerense como los municipios están habilitados a percibir fondos derivados de infracciones detectadas por los radares. En ese sentido, el fiscal Garganta dejó expresamente asentado: “Este Ministerio Público Fiscal no ha requerido el dictado de medida cautelar alguna dirigida a imposibilitar a la Provincia de Buenos Aires, o a sus municipios, la recaudación de fondos a través de infracciones generadas por los cinemómetros”. Por su parte, el juez de garantías subrayó en su resolución que “no se ha ordenado por el momento medida cautelar alguna que imposibilite a la Provincia de Buenos Aires o a los Municipios la recaudación de fondos a través de infracciones generadas por los cinemómetros instalados”. De este modo, los equipos instalados por la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra) y otras entidades seguirán operando con total respaldo judicial, especialmente en casos de faltas graves como el exceso de velocidad, una de las principales causas de siniestros viales en el territorio bonaerense. Desde NORTE HOY se pudo confirmar que esta decisión tiene impacto directo sobre miles de actas labradas en los últimos meses, muchas de las cuales habían sido cuestionadas por conductores bajo el argumento de presunta ilegalidad del sistema. La ratificación judicial implica que los usuarios deben continuar respetando los límites establecidos y que las multas emitidas seguirán su curso administrativo habitual, con posibilidad de ser recurridas, pero sin invalidación automática alguna. Fuentes judiciales recordaron que la tecnología aplicada en los cinemómetros cuenta con homologación y que su implementación responde a políticas de seguridad vial orientadas a reducir accidentes y preservar vidas. Esta validación del esquema de control no sólo refuerza la legitimidad del sistema, sino que también blinda a los municipios frente a eventuales demandas colectivas por supuestas nulidades en las multas emitidas. Redacción del Diario NORTE HOY | www.nortehoy.com.ar